En su visita de mañana al Vaticano, lo que tendría que plantear Zapatero es revisar los Acuerdos de 1979. Esto es lo que viene a decir Juan José Tamayo en este artículo que publica hoy en EL PAÍS y que nos ha enviado expresamente para su difusión y comentarios en ATRIO
En su visita al Vaticano, mañana día 10, el presidente del Gobierno español llega como un alumno aplicado con los deberes religiosos hechos, las promesas cumplidas y la cartera presidencial repleta de privilegios para la Iglesia católica (IC): económicos, políticos, educativos, culturales, fiscales, jurídicos e incluso militares. Es posible que comunique al Papa que no va a denunciar los Acuerdos de 1979 entre el Gobierno español y la Santa Sede y que la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia no va a cambiar el trato de favor del que disfruta la Iglesia católica en España.
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Lejos quedan en el imaginario social los tiempos en que los dirigentes eclesiásticos del Vaticano y del catolicismo español acusaban al Gobierno socialista de “laicismo agresivo” y “fundamentalista laicista” (cardenal Julián Herranz). O calificaban su política de “fobia religiosa” y declaraban sin rubor que el objetivo del Ejecutivo del PSOE era “desterrar los valores de la cultura católica de los corazones y de las mentes de las nuevas generaciones” y la “suplantación cultural del humanismo cristiano por un humanismo cívico y materialista que, bajo un ropaje democrático, oculta su totalitarismo de origen” (Juan del Río, hoy vicario general castrense).De entonces para acá, el Gobierno socialista ha dado muestras de debilidad en materia religiosa, que la Santa Sede y los obispos católicos españoles han aprovechado para mantener intactos no pocos de los favores de la época del nacionalcatolicismo. Han conseguido mantener la oferta obligatoria de la religión y la moral católicas en todos los centros de enseñanza escolar, públicos y privados, subvencionados o no con fondos públicos, y el pago a los profesores y profesoras de catolicismo. Con la anuencia del Ministerio de Educación han adaptado la asignatura laica de Educación para la Ciudadanía al ideario de centro, convirtiéndola en una clase de religión católica bis.
El Gobierno ha movido ficha en todos los terrenos y ha hecho no pocas concesiones a la Iglesia católica. Esta, empero, no ha cumplido algunos de los compromisos adquiridos solemnemente en los Acuerdos de 1979. Por ejemplo, el de la autofinanciación que aparece en el Acuerdo Ecuménico: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica entre la Iglesia católica y el Estado” (artículo 2).
Han pasado 31 años de tan solemne compromiso, y ni la Iglesia ha logrado la autofinanciación, ni el Gobierno socialista la ha urgido a conseguirla. Todo lo contrario. En un intercambio de notas entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Nunciatura Apostólica se incrementó el coeficiente del IRPF en la asignación tributaria a la Iglesia católica del 0,52% al 0,70%, con carácter estable. Bueno es recordarlo en el tramo final de la declaración de la renta para visibilizar la discriminación a que se ven sometidas las demás religiones en un Estado no confesional. ¿O acaso España no es teóricamente un Estado no confesional, aunque es evidente que en la práctica conserva no pocos restos del multisecular nacionalcatolicismo? Si la dependencia económica de la Iglesia católica del erario público es un signo de minoría de edad de aquella, es también prueba de debilidad y de falta de coherencia por parte del Estado, que se convierte en recaudador de impuestos para la jerarquía y el clero católicos sin contraprestación alguna.
Para terminar, me gustaría mostrar a Rodríguez Zapatero dos contradicciones en las que, a mi juicio, está instalado el Gobierno que preside en su modo de proceder en materia religiosa.
1. Justifica la elaboración de una nueva Ley de Libertad de Religiosa y de Conciencia, 30 años después de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, atendiendo a las profundas transformaciones sociorreligiosas producidas durante ese tiempo en la sociedad española. Si esa justificación es correcta, y lo es, me pregunto ¿por qué no aplica el mismo criterio para revisar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede? ¿O es que esas transformaciones en nada afectan a la Iglesia católica? Claro que la afectan, y mucho. Así lo demuestran el fenómeno creciente de las apostasías, el descenso de la práctica religiosa católica, la pérdida de credibilidad de los dirigentes eclesiásticos en la sociedad española, el significativo descenso de la fe en la juventud española, hoy por debajo del 50%, etcétera, etcétera.
2. El Gobierno y otros cargos políticos han expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de avanzar hacia la igualdad de todas las religiones eliminando las discriminaciones que todavía existen hoy. Sin embargo, la práctica política parece ir en dirección contraria, al dejar incólumes los privilegios de la Iglesia católica e incluso profundizar todavía más las diferencias en las materias antes indicadas. Es lo más parecido a la cuadratura del círculo. ¿O es que no hay voluntad de caminar hacia el Estado laico? En cuyo caso, ¿qué sentido tiene la futura Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia?
Juan José Tamayo-Acosta es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III de Madrid.
